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Madrugadas, la puerta que cae, pasos en tropelía, luces oscuras, golpes, el grito que se escribe.
Tucumán, en 1975, inauguró la institución de los centros clandestinos de detención, herramienta fundamental para el sistema de represión que se montó en todo el país al año siguiente con el golpe de estado.
Con el decreto presidencial, denominado “Operativo Independencia”, se gestó de manera embrionaria el genocidio conducido desde el Estado, declarando a Tucumán “zona de operaciones”, convirtiendo a la provincia en un territorio de ocupación militar, con la excusa de “neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos en la provincia de Tucumán”.
El ejército, con las fuerzas policiales locales a sus órdenes y la complicidad civil provincial y empresarial, fraguó el esquema de secuestro, detención, tortura, saqueos, robos y desaparición de miles de tucumanos.
El primero de ellos fue la “Escuelita de Famaillá”. Un edificio en construcción con fines educacionales, y que sirvió de modelo para los CCD que se instalarían en todo el país. Con la expansión de bases militares y centros clandestinos en el resto de la provincia, la escuela dejó de ser usada como CCD y, fue inaugurada como tal en 1977, funcionando con nivel primario y terciario hasta el año 2013.
La mayoría de esos CCD, espacios sociales apropiados por el aparato represivo, continúan funcionando como ministerios públicos, comisarías, dependencias militares, escuelas universitarias e ingenios azucareros.
Se estima que en Tucumán hay más de 1000 personas que sobrevivieron a los secuestros y torturas. No solo caminaron con sus captores libres por más de 30 años y conviven a diario con los CCD, sino que soportaron en la década de los ´90, por medio del voto popular, llegara a ser gobernador Antonio Bussi, el mayor genocida de la provincia.