La cicatriz de Lucía

«Va a pagar caro lo que está por hacer y él y sus hijos van a correr la misma suerte». La voz femenina, longeva, áspera como la de una fumadora empedernida, desde las sombras, avalada por el anonimato que brinda el tubo de un teléfono, cual careta permite expulsar los deseos más oscuros, esos que en público podrían incomodar a cualquiera pero que, cada vez, se escuchan con mayor frecuencia en las mesas familiares de un país y una provincia separados por una grieta. Una amenaza fue la primera señal de lo que iba a pasar en Tucumán el pasado martes 26 de febrero.

“Lucía”, nombre ficticio escogido para preservar la identidad de la nena violada y embarazada por el novio de su abuela, tiene 11 años. Estuvo internada casi un mes antes de que las autoridades provinciales resolvieran realizarle una intervención para interrumpir legalmente su embarazo, y sólo luego de recibir un pedido formal a través de un escrito presentado de forma conjunta con organizaciones de derechos humanos. “Faustina”, la bebé de seis meses que pesó 660 gramos al momento de ser extraída del útero de la niña murió a los diez días de nacer por complicaciones respiratorias graves. La pequeña había mostrado una evolución positiva dentro del estado crítico en el que se encontraba por su condición prematura extrema. En su cuarto día dentro de una incubadora, los profesionales habían comenzado a alimentarla con leche.

Lo que pasó entre las cuatro paredes de uno de los quirófanos del Hospital del Este “Eva Perón”, de Banda del Río Salí, traspasó las fronteras de Tucumán, provincia declarada “Pro Vida” en agosto del año pasado con el apoyo de 39 de los 43 legisladores provinciales –del  peronismo y de Cambiemos–, poco más de un mes después de que sus calles se inundaran con pañuelos celestes en rechazo a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que iba a ser tratada en la Cámara de Diputados de la Nación. El nombre de “Lucía” llegó hasta las portadas de diarios internacionales como The New York Times, de Estados Unidos; The Guardian, de Inglaterra; El País, de España; entre otros medios gráficos y audiovisuales de Europa. Referentes del feminismo a nivel mundial también se hicieron eco del caso en las redes sociales, poniendo de manifiesto su descontento por –lo que consideran—un acto de violencia institucional en contra de la menor. Versiones contrapuestas sobre el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), amedrentamiento judicial a médicos que luego se declararon objetores de conciencia, el pedido del arzobispo tucumano que violentó la identidad protegida de la menor, la vigilia a las afueras del nosocomio y una nena asustada aferrada a sus muñecos de plástico. Los ingredientes de esta historia duelen hasta las entrañas y calan en lo más profundo del sentir de una provincia dividida por pañuelos de dos colores. Una situación que, curiosamente, hizo confluir dos posiciones diametralmente opuestas en un mismo día y lugar, pronunciando casi al unísono un mismo reclamo: “¿por qué la hicieron dar a luz?”

Practicar un aborto ya no era una opción. Las características físicas de la niña lo hacían inviable. Hacerlo ponía en riesgo su vida. Entonces, optaron por una cesárea. La confirmación del Gobierno provincial fue comunicada cerca de la medianoche del 26 de febrero. La interrupción se haría, aunque no se aclaró el método. La decisión recaería en el responsable de realizar la intervención, el Dr. José Gijena. Eran las 21 del martes y el tocoginecólogo de 47 años atendía pacientes en su consultorio privado. Recibió una llamada del Dr. Gustavo Vigliocco, secretario ejecutivo médico del Servicio Provincial de Salud (SiProSa) –segundo al mando del Ministerio de Salud provincial–, consultándole si podía practicar la ILE a la nena. Accedió sin antes saber que el anestesiólogo de turno del Hospital del Este se había declarado objetor de conciencia, es decir, que se abstendría de formar parte del procedimiento quirúrgico. La objeción de conciencia es una figura jurídica que permite incumplir una norma u orden de una autoridad si ésta violenta las convicciones más íntimas de una persona, ya sea en materia religiosa, filosófica, moral o ética; incumplimiento que es válido sólo si no afecta significativamente los derechos de terceros ni otros aspectos del bien común. En la Constitución Nacional se sustenta en los artículos 14 y 19, que garantizan la libertad de culto y de conciencia, y en los pactos de derechos humanos con rango constitucional acorde al artículo 75 inciso 22 de la carta magna de nuestro país.

El protocolo elaborado por el Gobierno nacional en 2010, modificado luego de la reforma del Código Civil y Comercial de 2015 y republicado con modificaciones en 2016, establece que son dos las formas aceptadas para interrumpir un embarazo de forma legal hasta la semana 22 de gestación: medicamentosa, por medio de Misoprostol, e instrumental, mediante aspiración de vacío o legrado uterino. “Lucía” cursaba su semana 25 de embarazo cuando se puso en marcha el dispositivo sanitario. Dos semanas antes, el Dr. Vigliocco había manifestado en una entrevista brindada a radio Con Vos de Buenos Aires que estaba encima del caso y que la familia le había manifestado su intención de continuar con el embarazo. Había indicado que la niña tenía un tamaño bastante mayor al del promedio de las nenas de su edad y que, por lo tanto, darle continuidad a la gestación no presentaría riesgos para su vida. “Por supuesto que valoramos los riesgos médicos, los riesgos de la niña, pero ella es grande, grande de contextura, antropométricamente grande. Tiene más de 50 kilos y más de 1.50 metros, para 11 años es grande y hasta ahora el embarazo va siguiendo su curso absolutamente normal”, explicó el funcionario el 15 de febrero al programa ‘Pasaron Cosas’. Según la versión oficial, la madre de la nena había firmado de su puño y letra un consentimiento para seguir con el embarazo el 31 de enero, mismo día en que la menor fue trasladada por primera vez en una ambulancia del SiProSa desde Garmendia para control médico por su estado de gravidez producto de un abuso sexual. La versión oficial también dice que el único pedido formal que realizó la familia de la menor para interrumpir el embarazo fue hecho el 25 de febrero.

Fernanda Marchese, directora ejecutiva de Andhes, organización no gubernamental de abogados en derechos humanos que intercedió en favor de “Lucía” luego de tomar conocimiento de la situación a través de los medios de comunicación, asegura que hubo demoras para brindar acceso a la ILE a su representada. Para ella fueron dos los factores que dilataron la intervención quirúrgica inmediata. Por un lado, el conflicto de intereses entre la madre y su hija. Si bien la menor había expresado en distintas instancias su voluntad para terminar con el embarazo, su progenitora insistía en que continúe con la gestación. El protocolo indica que para acceder a la interrupción legal es necesario un consentimiento firmado por la víctima de abuso y por su representante legal –en este caso su madre—. Ante esta contraposición evidente de voluntades, distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos decidieron intervenir mediante la presentación de un amicus curiae, maniobra judicial utilizada cuando está en juego alguna libertad o derecho. Circuló la versión de que era la abuela y no su madre la tutora de la menor, cuestión que fue descartada al no existir ningún papel que demuestre esta representación legal. Por otro lado, la letrada denuncia que la familia no fue bien informada por el personal médico que la atendió. “Cuando podemos tomar contacto con la familia, con la mamá, nos dice que ella estaba con el consentimiento pero que no sabía dónde presentarlo, que cuando decidió respetar la voluntad de su hija le piden también el consentimiento del padre de la niña, lo cual es una irregularidad dentro del protocolo”, sentencia Marchese.

Dos horas antes de la confirmación oficial, a las 19, Gijena recibió una llamada anónima. Atendió su secretaria. Lo iban a esperar en el hospital. Lo amenazaron a él y a sus cuatro hijos. Según describió su empleada, se trataba de una señora mayor, de voz áspera. No era la primera vez que el médico o su entorno eran amedrentados. El año pasado una de las hijas del tocoginecólogo fue víctima de un brutal bullying por su forma de pensar, después de que su madre, la ginecóloga Cecilia Ousset, se hiciera conocida por la publicación en redes sociales de una carta titulada “no soy neutral”, en la que –a pesar de profesar la fe católica y ser objetora de conciencia– se declara a favor de la despenalización del aborto a partir de su experiencia como médica realizando legrados a pacientes que llegaban al hospital con complicaciones por abortos clandestinos incompletos. Gijena recuerda como si fuera ayer el episodio que le llevó a tomar la determinación de cambiar a sus hijos de un colegio religioso a uno laico. Fue luego de que la cabeza de su hija de 10 años impactara incontables veces contra una pared del establecimiento, empujada por la mano de uno de sus compañeros que le pedía renunciar al pañuelo verde y adoptar el celeste. La acusaban de que su papá mataba bebés y la castigaban por eso, pese a que el propio profesional revela que la de “Lucía” fue la primera ILE que realizó en su carrera.

Casi en simultáneo con la amenaza contra Gijena, Rodrigo Sandoval, de 18 años, estudiante de abogacía e integrante de la agrupación Jóvenes por la Vida, recibía por mensaje de texto la noticia de que el Gobierno provincial había autorizado la ILE a “Lucía”. Fue a través de un grupo de WhatsApp que integra junto a una decena de personas de distintos grupos “Pro Vida” de todo Tucumán. Inmediatamente comenzó un operativo para organizar una vigilia a las afueras del centro de atención bandeño. Rodrigo esperó hasta salir de su trabajo para ir junto a una conocida que tiene auto hasta el Hospital del Este. Lo pasó a buscar a las 20:30. Al llegar, entre 30 y 50 personas concentraban en la zona de Guardia y rezaban el rosario. Sostenían pancartas contra el aborto y el abuso sexual infantil, sujetaban velas encendidas –algunas ya estaban pegadas al suelo–, y blandían en alto sus pañuelos celestes mientras pronunciaban los versos del Ave María. “Estábamos custodiando para que no entren personas que pudieran realizar el aborto”, cuenta el joven. El rezo se mezclaba con el ruido de los autos que circulan sin parar por la avenida San Martín –que forma parte de la Ruta Nacional 9— y con el reclamo de un grupo de abogados que pide explicaciones en Mesa de Entrada del establecimiento y demanda la presencia urgente de la directora, la Dra. Elizabeth Ávila, ya que según ellos la Justicia no había autorizado ninguna intervención. En medio de la espera, otro mensaje llega al grupo de WhatsApp. Un audio. Es el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, que le pide a sus fieles seguidores custodiar la vida de “Lucía”, a quien llama por su nombre real, y también la vida de la bebé que al nacer fue bautizada provisoriamente como “Faustina” en honor a la monja santa Helena Kowalska, a quien se le atribuye haber recibido la primera de las revelaciones de Jesús de la Divina Misericordia. El cura que reemplazó a monseñor Alfredo Zecca en octubre de 2017, violó leyes nacionales y tratados internacionales al revelar la identidad de la menor: el artículo 16 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, los artículos 10 y 22 de la Ley nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y el artículo 52 del Código Civil y Comercial de la República Argentina. “Queridos hermanos, les habla el padre Carlos, el obispo. Sabemos que vale toda vida y por eso los invito a que podamos, cada uno de nosotros, comprometernos cotidianamente a custodiar, a cuidar, a servir toda vida humana; porque toda vida vale. Lo importante es que cada uno de nosotros tomemos conciencia de esto sabiendo que tenemos que cuidar y custodiar la vida de XXX, de su bebé, de cada niño, de cada joven, de cada adolescente, de cada anciano, de cada enfermo; que podamos unirnos en la oración. Para nosotros los creyentes es muy importante convocarnos en la oración, pero también que esa oración se convierta en un compromiso real de custodiar toda vida humana, de defender toda vida humana con pasión, con valentía, con mucha generosidad y entrega. Que Dios los bendiga y que podamos unirnos en la oración para siempre ser custodios de la vida”. Así invitaba la máxima autoridad clerical de la provincia a sus fieles a unirse en la oración contra la aplicación de la ILE a “Lucía”, y a materializar la súplica, como efectivamente sucedió.

La vigilia continuó hasta casi las 4 de la madrugada del miércoles. Los manifestantes «pro vida» oraban para postergar la intervención dos semanas más. Pedían poder salvar las dos vidas mientras los abogados en Mesa de Entrada continuaban presionando para detener la operación. “Queríamos que puedan seguir viviendo”, dice Rodrigo sobre “Lucía” –a quien llama por su nombre de pila verdadero– y sobre la bebé que descansa en su vientre, gestada por su violador de 65 años, que le recordaría a la niña toda su vida el traumático final de su corta infancia, quizás la prueba más concreta de la necesidad de que la Provincia de Tucumán adhiera después de más de una década a las leyes nacionales de Salud Sexual y Procreación Responsable (25.673) y de Educación Sexual Integral (26.150). La insistencia de los letrados continuó en vano. Alegaban la nulidad del fallo FAL dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en 2012 por el caso de un aborto realizado por una menor de Chubut violada por su padrastro, sentencia que estableció la no judicialización de estos casos en ninguna de las provincias, pese a que la interrupción del embarazo causado por una violación está avalada por el Código Penal Argentino (CPA) desde 1921. Para la abogada civilista Liliana Guzmán Cruzado, actual tesorera del Colegio de Abogados de Tucumán, la decisión de la CSJN carece de legitimidad y resulta abstracta. “En el fallo FAL el bebito había sido abortado un año y medio antes de dictarse la sentencia. Por lo tanto, el fallo carece de legitimidad y el perjuicio es inexistente. El hecho que le dio origen había desaparecido, el bebé ya había sido abortado. Es un fallo dictado sin causa existente, abstracto”, señala Guzmán en una columna publicada en eltucumano.com. Telefónicamente ratifica lo dicho: “El fallo FAL viene a poner una coma donde no la hay”, dice sobre la interpretación del artículo 86 del CPA.

El 15 de febrero la fiscal de Homicidios Adriana Giannoni emitió un oficio judicial en el que alertaba a la directora del Hospital del Este sobre la posible comisión de un delito ante la inminente ILE a “Lucía”. Lo envió no sólo al nosocomio en donde se encontraba internada la menor, sino a todos los que cuentan con servicio de obstetricia en la provincia, es decir, con la capacidad humana e instrumental para interrumpir un embarazo. En el oficio 10/2019 la letrada destaca la vigencia de las leyes provinciales 8.293 y 6.518 que protegen la vida, integridad y salud de todo niño, niña y adolescente. Giannoni previno a los directores hospitalarios a actuar “bajo apercibimiento de incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público a tenor de lo previsto en las normas citadas”. La existencia de este documento sólo pudo saberse luego de que la ministra de Salud tucumana, la Dra. Rossana Chahla, lo admitiera en vivo en televisión, un día después de la cesárea. La funcionaria provincial sugirió que el accionar de la fiscal intimidó a médicos que no eran objetores de conciencia, presionándolos a abstenerse por temor a penas judiciales. “En el Hospital del Este tenemos dos ginecólogos que no eran objetores de conciencia. Estaban allí y lo primero que dijimos es que debían actuar. En este caso concreto, por una situación judicial que daba la orden de no interrumpir (el embarazo), los médicos no objetores de conciencia desistieron de hacer la operación”, señaló en el ciclo televisivo ‘Buen Día’, de La Gaceta Play. Ante las declaraciones de la médica, el Ministerio Público Fiscal a cargo de Edmundo Jiménez aclaró a través de un comunicado que ninguna de sus fiscalías había ordenado frenar la Interrupción Legal del Embarazo. “A través del oficio Nº 11 del expediente 25/8, la doctora Adriana Giannoni procedió a comunicarles al director del SI.PRO.SA que están vigentes las leyes provinciales 8293 y 6518 que protegen la vida, integridad y salud de todo Niño, Niña y adolescente y que estos derechos están consagrados en los artículos 40 inciso 1 y 4, y 146 de la Constitución de la provincia”, aclara por escrito el jefe de los fiscales, aunque sin hacer referencia al oficio 10, sino al 11 dirigido al Dr. Gustavo Vigliocco. El accionar de la fiscal le valió una denuncia penal por coacción y abuso de poder, realizada por la diputada nacional del radicalismo, Teresita Villavicencio, acusación que deberá ser investigada por su superior, con quien guarda una estrecha cercanía. También fueron denunciados penalmente los médicos que practicaron la cesárea a “Lucía” por la muerte de la bebé prematura ocurrida el último viernes por complicaciones respiratorias graves. A tono con la advertencia de Giannoni, un grupo de abogados que milita en círculos «pro vida» denunció a Gijena y a Ousset por homicidio calificado. Esta última acción judicial fue llevada adelante por los letrados María Teresa Mockevich, Viviana Matar, Luciana María Colombres, Constanza del Carril, Raúl Alfredo Lezzana y Ángela Lorna Vittini, y también por el médico Jorge Javier Ramacciotti, que se desempeña en el ámbito público de salud y que participa activamente de la campaña de la senadora con aspiraciones a Gobernadora, Silvia Elías de Pérez. Al día siguiente de presentar la denuncia penal, Mockevich admitió haber tenido acceso a la historia clínica de “Lucía”, violando el artículo 3 de la Ley nacional de los Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud (26.529), que establece que sólo familiares y representantes legales del paciente –o terceros, con autorización expresa del internado o de quien lo representa– pueden acceder a su información sanitaria. “He tenido acceso a la historia clínica, la presión de la niña era normal, y los médicos que le hicieron la cesárea no le tomaron ni siquiera el nivel de proteína en sangre, que es lo que marca la preclamsia. Ella pesaba 50 kilos, o sea, no era tan pequeñita”, dijo la abogada y delegada tucumana de Red Federal de Familias al programa ‘De acá en más’ de radio Metro (95.1), de Buenos Aires, para explicar que la niña podía seguir gestando dos semanas más y así poder salvar las dos vidas.

“Yo te voy a instrumentar”, le dijo Cecilia Ousset a su marido. La ginecóloga había podido charlar con “Lucía” en su habitación del hospital, donde la niña jugaba con dos muñecos de plástico recostada sobre su cama, con su madre al lado, esperando el desenlace de ese día en que no había probado bocado desde pasado el mediodía, ya que debía permanecer en ayunas ante una eventual intervención quirúrgica. Pasaban las 22. Ousset y su marido José Gijena entraron por la puerta principal del hospital, guiados casi de la mano por un empleado del lugar. Era la primera vez que entraban al Eva Perón. Al costado del edificio, en la Guardia, un grupo de personas rezaban. Los estaban esperando, no los vieron entrar. Después de hacer un reconocimiento visual de la paciente, los profesionales dieron cuenta de que un aborto, ya sea por vía medicamentosa o instrumental, sería prácticamente imposible y, sobre todo, dañino para la psiquis de la menor. Entonces, frente a dos testigos del nosocomio, les explicaron a la madre y a la hija lo que estaban por hacer. Aceptaron. Sería cesárea. La resolución no era una novedad para los integrantes del servicio de Tocoginecología del Hospital del Este, quienes esa misma mañana se habían declarado objetores de conciencia a través de una carta firmada por 18 personas y enviada a la directora Elizabeth Ávila. “Debemos poner de manifiesto que la práctica de una cesárea en una menor de 11 años pone en grave riesgo la integridad física y psíquica, con una alta probabilidad de ocasionar daños irreversibles pudiendo hasta ocasionar su muerte (la de la niña); (…) los médicos del servicio de Tocoginecología del hospital ponemos en conocimiento que la práctica de la I.L.E. (cesárea) no resulta aconsejable en estos momentos –desde el punto de vista médico– por lo que manifestamos nuestra oposición a su ejecución”, advirtieron los médicos medio día antes de la operación. A esas horas se calculaba que el peso aproximado del feto, que se encontraba en posición podálica (con la cabeza hacia arriba), era de 650 gramos y que tenía altas probabilidades de nacer con vida. Con el consentimiento firmado por la hija y su madre, la ILE se haría en cuestión de horas. Ya la noche anterior se le había suministrado a “Lucía” un corticoide para acelerar la maduración de los pulmones del feto. Cualquiera fuera el método para respetar la voluntad de la niña, los profesionales de salud procedían según lo establecido en la edición 2015 del protocolo de Amenaza de Parto Pretérmino, en el que se recomienda el uso de corticoides antenatales entre las 24 y 34 semanas de gestación. “Recientemente se estableció la recomendación de la utilización de corticoides ante finalización de embarazos pretérmino-tardíos y en aquellas pacientes que serán sometidas a una cesárea electiva antes de las 38,6 semanas”, se aclara en una nota al pie del capítulo ‘Inducción de la Maduración Pulmonar Fetal’. Para Gijena, las características físicas de la menor, en caso de haber continuado con el embarazo, hubieran desembocado casi inevitablemente a la realización de una cesárea por amenaza de parto prematuro, donde el riesgo de vida de una paciente de 11 años es cuatro veces mayor al de una paciente de 15. “Lucía” estaba lista para la cesárea y, antes de partir al quirófano, solicitó música cristiana para escuchar durante el proceso.

En las afueras del Hospital del Este la vigilia continuaba, cita que era replicada a través de WhatsApp en numerosos grupos «pro vida» tucumanos, donde aseguraban mantener comunicación directa con funcionarios provinciales intervinientes en el caso. En uno de esos grupos, la respuesta de un supuesto funcionario al pedido desesperado de una integrante para que evitara la cesárea de la niña resonó con fuerza: “Estoy haciendo esfuerzos increíbles y denodados para evitar la cesárea. Quiero salvar, con la ayuda de Dios, las dos vidas”, fue la respuesta reenviada que encendió la esperanza de quienes se oponen a la Interrupción Legal del Embarazo en todas sus variantes, a minutos de iniciar la intervención. En el interior del nosocomio, “Lucía” ya está en la camilla y se acerca al quirófano. Una discusión detiene la marcha. Según cuenta José Gijena, una enfermera recriminaba a la Jefa de Servicio por no consultarle si quería declararse objetora de conciencia y abstenerse de realizar la cirugía. En ese momento el tocoginecólogo contaba con las abstenciones de participación del cirujano, el anestesiólogo y la instrumentista. Sus lugares fueron ocupados por una anestesióloga de la Maternidad Nuestra Señora del Valle que fue por sus propios medios, en colectivo hasta el nosocomio donde fue guiada por su par objetor hasta el quirófano; por Cecilia Ousset, que participó como ayudante –pese a ser objetora de conciencia–; y por el propio José Gijena como cirujano. La mesa de operaciones ya estaba lista, había sido acomodada antes por el personal del Eva Perón. Anestesiaron a “Lucía” y procedieron a realizar la cesárea. La incisión es mínima: un centímetro por encima del pubis y cinco centímetros de longitud para poder estirar la piel y llegar hasta la cavidad abdominal, abrir el músculo uterino y extraer al recién nacido. Una cicatriz quedará donde antes sólo había piel suave e impoluta. Una marca apenas perceptible al tacto, del tamaño de la sorpresa que viene dentro de los huevos de chocolate que apagan el llanto de chicos encaprichados en la fila de un súper. Pero los centímetros no cuentan, la medida no basta. La cicatriz no es una marca, es un estigma, una cruz que cargará la niña sobre sus espaldas el resto de sus días. La instrumentista que antes se había declarado en objeción de conciencia ahora participa de la intervención, mientras dos neonatólogas aguardan la llegada de la bebé. Aproximadamente 40 minutos demoró la operación. Mientras “Lucía” reposa y sostiene la mano de Ousset, la bebé es extraída por Gijena con ayuda de una de las neonatólogas y envuelta en mantas para ser trasladada de urgencia hasta el área de Neonatología, donde le realizarán ejercicios de reanimación y quedará en cuidados intensivos dentro de una incubadora. La noticia llega a los celulares de quienes participan de la vigilia, después a los medios de comunicación. La niña permaneció en el quirófano junto a los profesionales que le practicaron la cesárea unos minutos más hasta que le pasó el efecto de la anestesia. El martes se había ido ya. La niña volvió hasta su habitación con su madre, a seguir esperando con sus muñecos de plástico, jugando a quién sabe qué, ahora sin nada que ella no hubiera elegido, a seguir siendo niña.